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22 enero 2011

Un año caliente y con malos humos






Los malos augurios para este año recién nacido, comenzaron en el otoño pasado y se agudizaron a principios de diciembre con la mal llamada huelga salvaje de los controladores aéreos que ni era tal huelga, ni tampoco salvaje, aunque pueda escandalizar esta afirmación a quienes se vieron perjudicados por tal situación anómala en los aeropuertos nacionales.
Y no fue una huelga porque no fue convocada reglamentariamente, ni reunió los requisitos necesarios y exigidos por la Ley para poder denominarse así al parón y abandono de los puestos de trabajos de los controladores aéreos que dieron una respuesta contundente y sin paliativos a la extraña decisión del Gobierno de sacar a la luz el Real-Decreto que permitía privatizar los aeropuertos españoles, competencia de AENA, y regularizar con rebajas consiguientes los sueldos de dichos técnicos aeroportuarios.
Todo esta situación de desmadre de controladores descontrolados, hizo que el Gobierno declarara el Estado de Alarma en todo el territorio nacional, lo que todo el mundo aplaudió, sobre todo los miles de afectados por dicha situación, aunque criticado por otras instancias y partidos políticos, entre ellas el PP, que denunciaron el oportunismo que significaba tal declaración de Estado de Alarma, ya que detrás de esa supuesta decisión forzada por la conducta de los controladores, se podían hallar otras intenciones no declaradas pero muy importantes a la hora de tomar dicha decisión drástica por primera vez en la historia de la democracia española. Y esas motivaciones ocultas se encuentran recogidas en la propia Constitución  en su Art. 116.2 y en el capítulo II de la ley orgánica 4/ 1981, de1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. El artículo 4 de la ley orgánica citada enumera las causas que pueden justificar la declaración del Estado de Alarma y que, entre otras, cita a la de”: paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”.
Aunque este estado de alarma, no tiene carácter político en sus causas que lo motivan, ni tampoco supone una merma en los derechos de los ciudadanos a excepción del colectivo de los controladores aéreos que pasan a estar militarizados durante la duración de dicho estado de alarma, si ha levantado ciertas suspicacias en la oportunidad de su declaración porque, entre otras consecuencias muy importantes se pueden citar a que, una vez se haya declarado el estado de alarma y durante la duración del mismo, el Estado español  no podrá ser intervenido instancias superiores europeas, no tendrá que pagar intereses por la deuda externa y no podrá adelantar las elecciones generales. Todo esto muy conveniente para el Gobierno ante los rumores de que España podría ser intervenida en esos mismos días que se produjo el estado de alarma.
Muchos achacaron que la extemporánea promulgación del Decreto ante el que se rebelaron los controladores, un día antes del comienzo del puente de la Constitución, fue una provocación deliberada del Gobierno a dicho colectivo, porque sabía que no se quedaría de brazos cruzados ante un una merma considerable en sus remuneraciones, en su régimen de guardias y demás condiciones laborales, por el clima de crispación que ya existía en este colectivo, con el que el se habían roto todas las negociaciones.
Ante la evidente y esperada respuesta de los controladores, el efecto de ese gesto de fuerza y poder que tuvo el Ejecutivo al declarar el estado de alarma que prorrogó hasta después de Reyes, superando los quince días que marca la propia Constitución, se convertía también en una cortina de humo que tapaba la gravísima situación económica, los cuatro millones y medio de parados, la catastrófica cifra de la deuda exterior, los continuos disparates que han llevado a este país a la ruina, en una evidente contradicción entre los hechos y las afirmaciones optimistas hasta rayar el ridículo de un Gobierno que no solo tapaba la verdad, disfrazándola con tintes menos oscuros, sino que afirmaba lo contrario de la realidad, en un juego malabar de despiste ante la ciudadanía que, con ese estado de alarma, intentaba conjurar para demostrar que el Gobierno es fuerte y lleva las riendas, y los controladores eran los malos, pero sin explicar demasiado cuál es la verdadera realidad de los aeropuertos nacionales, muchos de ellos en estado de bancarrota, y ponían ante las cuerdas y como auténticos delincuentes a los controladores que pasaron a ser los chivos expiatorios de una situación mucho más peliaguda, difícil y crítica que afecta a intereses mucho más importantes en cifras económicas que las que supone el sueldo de un colectivo del que muchos españoles desconocen la realidad de su situación laboral que afecta a todos los viajeros de las líneas aéreas.
Además, la reciente prohibición de fumar en todos los espacios públicos, incluidos los alrededores de centros hospitalarios, colegios y demás centros sanitarios y docentes, hace temblar a los profesionales de la hostelería que aún no se han repuesto de los casi 60.000 euros, tipo medio, que han tenido que desembolsar hace pocos años para acondicionar sus locales con espacios reservados a fumadores, separándolos de los de no fumadores, y ahora se encuentran que el 30% de los empresarios de la hostelería tienen que despedir a uno de cada tres de sus trabajadores, por el descenso en la recaudación que supone la tajante prohibición de fumar, aliciente éste que ofrecían los que se gastaron una fuerte suma para no perder clientela entre los que fumaban y los que no y de los que lo habían prohibido totalmente, para ahorrarse un gasto tan alto que han demostrado ser innecesario por los cambios de timón del PSOE.
Además, a todas estas medidas contradictorias, cambiantes, perjudiciales para quienes tenían que luchar con los problemas de la crisis económica y la bajada de ingresos que supone, se añaden la congelación de las pensiones, el aumento imparable de parados, la supresión de los 426 euros a los parados que ya habían perdido el derecho a la prestación por desempleo, sustituida por una de 350 euros con requisitos que consisten en que quienes la perciban tendrán que realizar cursos que son igualmente inútiles. Los que no puedan acogerse a esta mínima ayuda  de 426 euros ahora suspendida, se sumergirán  en la auténtica mendicidad, sobre todo las familias que tienen varios o todos de sus miembros en el paro.
Como sigue el esperpento y el disparate si no fuera tan siniestro, se adopta otra medida de las que nos regala cada día este desgobierno, al decidir que en el Senado tendrán que pagar 12.000 euros por sesión para poder tener traductores de las diferentes lenguas vernáculas al castellano, olvidando la obligación que contempla la Constitución de que todos los españoles tienen el deber y el derecho de hablar el castellano, idioma oficial en el Estado español  del que, curiosamente, representan a sus ciudadanos los distintos senadores que han sido elegidos en los diferentes comicios y ,que una vez que salen de la Cámara Alta se entienden perfectamente y sin traductores en castellano, idioma común de todos los españoles sea cual fuere su procedencia. Todo ello, para que los grupos nacionalistas se apunten un nuevo tanto contra la propia Constitución y el Estado de Derecho en el que supuestamente vivimos.
Por otra parte, y a pesar de las afirmaciones del Gobierno sobre la buena salud de las Cajas de Ahorros españolas, se acaba de confirmar que también van a tener que ser intervenidas por el Estado para asegurar su liquidez y solvencia, lo cual lo tendremos que pagar entre todos los españoles, a pesar de los cantos de sirena del Gobierno que afirmaba hasta hace unos días que todo marchaba sobre rueda y estamos en el mejor de los mundos posibles y del país en el que se empiezan a ver brotes verdes y la situación era boyante y entraba España en el ranking de los países más solventes, etc.,etc.,etc.
Por todo lo anterior, hay que afirmar que este nuevo año ha nacido calentito política, social y económicamente, y además con malos humos, por el cabreo del personal, que intenta paliar el Gobierno con medidas más descabelladas cada día, sumando negativos a la economía nacional, empresarial y familiar, porque a pesar de que intentan que los españoles no fumemos por ser perjudicial para la salud, si quieren contentar a los empresarios hosteleros, diciéndoles que, aunque no se pueda fumar en sus locales, si pueden tener máquinas expendedoras de tabaco, en el colmo del sarcasmo y la burla.
Los españoles no fumaremos, aunque Hacienda seguirá recaudando dinero por las tasas del tabaco y los únicos que contaminarán las calles, los parques, los alrededores de clínicas, hospitales, colegios, guarderías y demás centros sanitarios y docentes serán los coches, quemando gasolina, pero ésa no es perjudicial para los pulmones de los ciudadanos que seguirán pagando  el carburante y llenando las calles de dióxido de carbono, porque, al fin y al cabo, la contaminación sólo afecta a las calles y en ellas también se puede fumar, como último recurso para los desesperados, porque lo que es malo para los pulmones es buenísimo para las arcas de la hacienda pública, y aunque los españoles no fumemos, o lo hagamos menos, el Gobierno está seguro que los ciudadanos van a echar humo, pero no del cigarrillo o la pipa, sino de la mala baba que se le está poniendo a todo hijo de vecino.