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04 noviembre 2015

Un chantaje interminable


            Los españoles se preguntan, nos preguntamos, hasta cuándo vamos a seguir soportando y, lo que es peor, pagando el chantaje continuo de los separatistas catalanes liderados por Mas al Estado español que, a través de las continuas declaraciones y actos políticos que llevan a cabo, anuncian su intención de declarar la independencia de Cataluña  de forma unilateral del Estado español del que es una Comunidad Autónoma más, pero nunca ha sido un Estado propiamente dicho, aspiración disparatada a la que tienden todas las actuaciones de un Ejecutivo catalán que ha encontrado eco en los partidos que comparten la aspiración secesionista del iluminado Mas y sus acólitos.
            En un acto de desvergüenza y descaro, a lo que ya nos tienen acostumbrados en esta carrera hacia el disparate y la desfragmentación no sólo de la sociedad catalana sino del propio Estado, reclaman ahora desde la Generalitat más dinero al Estado español -ese Estado que según los separatistas es extranjero y opresor de Cataluña a la que ha robado, según afirmaciones de los mismos-, exigiendo que les entreguen los más de 2.300 millones de euros para pagar servicios públicos, cifra que corresponde a Cataluña, provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica que queda pendiente de repartir, lo que equivale a un 33% de un total de 7.000 millones de euros, dinero que se presta a interés 0. Es decir, Cataluña que es una de las 17 Comunidades Autónomas españolas, recibe el 35% de un total que se tiene que repartir entre las mencionadas CC.AA., y eso sucede desde 2012, año en el que el Gobierno de Rajoy creo el mencionado Fondo de Liquidez Autonómica y el Mecanismo de Pago a Proveedores, al mismo tiempo que los separatistas afirmaban y afirman que "España les roba".
            No hay que olvidar que Cataluña ha recibido 37.487 millones de ambos fondos de rescate, lo que representa el 35% de los 107.544 millones repartidos entre todas las Comunidades. La segunda Comunidad Autonómica en ser beneficiada por dichos fondos es Valencia que ha recibido 24.740 millones.
            Ante todo esto y viendo la continua exigencia por parte de la Generalitat ,en el mismo momento en el que está intentando declarar unilateralmente la secesión de España, con una ignorancia jurídica y democrática que apabulla a cualquier ciudadano con sentido común que se pregunta si es más rentable saltarse las leyes de forma descaradas como hace la Generalitat y su "hoja de ruta" hacia la independencia, apoyada por  los antisistema y "Catalunya Sí que es Pot", y si ese chantaje continuo al Estado no está premiando, precisamente a la Comunidad que está demostrando una absoluta deslealtad al Estado y un continuo talante antidemocrático, perjudicando  con este reparto desigual a las CC.AA. que sí cumplen las leyes, respetan la Constitución y las reglas de la democracia. Lo que, trasladado a la vida de cualquier ciudadano, le obliga a pensar a éste que saltarse las leyes le puede resultar más beneficioso ante los continuos ejemplos de gobernantes autonómicos que las burlan y sacan beneficio del chantaje en el que consiste su continua  exigencia de sus supuestos derechos cuando niegan toda existencia de sus deberes y su fiel cumplimiento.
            Ante esta situación esperpéntica que pone de manifiesto que en la "hoja de ruta" separatista no entra el sentido común, la coherencia, el respeto a la legalidad, la decencia democrática ni siquiera el respeto a sus propios ciudadanos, Rajoy se ha reservado el control de los pagos a Cataluña a  costa de dicho fondo, en un momento de máxima tensión entre el Estado y dicha Comunidad, aunque aseguran desde el Gobierno que no dejará de financiar a Cataluña, porque ello crearía una crisis financiera perjudicial para todo el país si Cataluña se declarara en suspensión de pagos, lo que sería una nota negativa ante los mercados financieros que operan en nuestro país. Sin embargo, sí se empieza a plantear que el reparto del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) se haga de una forma más equitativa; además de controlar  desde el Gobierno central el uso al que destina Cataluña dichas transferencias, sin dejarle elegir su destino como hasta ahora estaba haciendo  la Generalitat, al realizar una elección arbitraria de las necesidades a cubrir y dejando, por ejemplo, sin pagar a las farmacias a las que Mas les ha anunciado una suspensión de pagos  de 330 millones de euros, después de haber recibido 3.123 millones para que costeara el gasto farmacéutico. ¿Dónde se los ha gastado la Generalitat: en las "embajadas catalanas", en las televisiones autonómicas, en gastos de representación de los gerifaltes autonómicos, o en financiar con ese dinero la campaña de separatismo y sedición que llevan a cabo?
            Ante esta esperpéntica situación se pregunta cualquier ciudadano cómo es posible que quienes atentan contra la propia Autonomía que dicen gobernar -aunque es más bien el desgobierno de un grupo de sátrapas, que van contra los intereses de sus propios ciudadanos-, y cuyos disparates están perjudicando a empresas, trabajadores y, por tanto, a familias y ciudadanos catalanes, no sólo extraña que hayan llegado al poder, sino que se mantengan en él cuando son los verdaderos enemigos de Cataluña, esa extraordinaria Comunidad de gente sensata, trabajadora y respetable que se ven ahora abocados a un Gobierno en el que los antisistema y los separatistas intentan sacar tajada, llevando a Cataluña y a toda España a una fractura social de daños irreversibles y, por ahora, incalculables.
            Mientras los Servicios Jurídicos del Estado preparan un recurso ante el Tribunal Constitucional ante el desafío secesionista del Parlamento catalán que se arroga unos "poderes ilimitados" por encima de la Ley, al querer ser el portavoz de una supuesta voluntad popular de independentismo que no se corresponde, en absoluto, con la realidad; pues el  Parlamento catalán está queriendo arrogarse la soberanía popular catalana, lo que es completamente falso, pues la soberanía la posee el pueblo y no puede ninguna institución suplantar la misma y ejercerla al margen de la voluntad de los propios ciudadanos y fuera del ámbito de actuación para el que se le ha concedido. Todo ello, se pone en evidencia al admitir a trámite  la propuesta de resolución por parte del Parlamento catalán  de la declaración unilateral de independencia presentada por los partidos que representan el separatismo, con burla flagrante a la Constitución, al propio Estatuto de Cataluña y a la legalidad vigente, al considerarse por ello el Parlamento catalán un organismo constituyente de una nueva realidad política marcada por el intento de secesión del Estado español, y no de mera representación ciudadana en el Parlamento catalán siempre dentro del ordenamiento jurídico vigente, a través de los diversos diputados elegidos por los votos ciudadanos para que los representen, pero nunca dándoles un poder de subvertir las leyes ni de cambiar la naturaleza de la propia representación que ostentan y que es ajena a dicha voluntad popular.
            El Tribunal Constitucional parece que va a dar respuesta a dicho recurso presentado por los Servicios Jurídicos del Estado en las próximas horas, aunque ya ha anunciado la Generalitat que no hará caso a la decisión del Alto Tribunal, en su acostumbrada actitud de infringir  y burlarcompletamente las leyes.
            Habría que preguntarse, si ante el golpe de Estado de Tejero del 23-F que le supuso la cárcel, no es igualmente gravísimo este nuevo golpe de Estado que propone Mas y sus socios secesionistas, con el agravante de que, además, proviene de un mandatario público que debe estar al servicio de la legalidad vigente en todo momento;  pero está usando, sin embargo, su cota de poder para conculcar las leyes, la Constitución y el propio Estatuto que tiene el deber de obedecer y cumplir. Por ello, muchos españoles nos preguntamos por qué no se toma la decisión de aplicarle la leyes penales a todos los implicados en este acto de secesión  que protagonizan un acto flagrante y continuado de alta traición al Estado al que representa Mas ante la Comunidad Autónoma de Cataluña; y en vez de seguir en sus respectivos despachos no son juzgados y condenados como procede a su actuación y a la gravedad de los actos cometidos hasta el momento -y que seguirán cometiendo si las leyes y los Tribunales no los impiden y castigan sin más dilación-, y siguen con el continuo chantaje, la ominosa provocación y el desafío inaceptable de quienes pretenden burlar la legalidad vigente, ridiculizar al Estado, y engañar a los propios ciudadanos que asisten, asistimos, atónitos a que unos delincuentes sigan ostentando un poder que no merecen y al que deshonran en un continuo y desvergonzado desafío que sólo tiene como respuesta la que la ley penal otorga al Estado y a la sociedad para su defensa.
            Los delincuentes deben estar en la cárcel -y no tener bula por el hecho de ser  cargos políticos detrás de los que se refugian-,, para que la sociedad no pierda más la fe en la Justicia, en la Ley y en el propio Estado de Derecho en el que intentamos vivir en paz democráticamente, sin que iluminados como Mas y adláteres conviertan la convivencia democrática en un infierno al que quieren llevar a toda costa al pueblo que tiene la desgracia de tener políticos de esa calaña en sus instituciones, a las que terminan corrompiendo en esa huida hacia la nada de su propio delirio separatista.