UN CHANTAJE INTERMINABLE
AnaAlejandre
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Artur Más |
Los españoles se preguntan, nos
preguntamos, hasta cuándo vamos a seguir soportando y, lo que es peor, pagando
el chantaje continuo de los separatistas catalanes liderados por Mas al Estado
español que, a través de las continuas declaraciones y actos políticos que
llevan a cabo, anuncian su intención de declarar la independencia de Cataluña de forma unilateral del Estado español del que
es una Comunidad Autónoma más, pero nunca ha sido un Estado propiamente dicho,
aspiración disparatada a la que tienden todas las actuaciones de un Ejecutivo
catalán que ha encontrado eco en los partidos que comparten la aspiración
secesionista del iluminado Mas y sus acólitos.
En un acto de desvergüenza y descaro,
a lo que ya nos tienen acostumbrados en esta carrera hacia el disparate y la
desfragmentación no sólo de la sociedad catalana sino del propio Estado,
reclaman ahora desde la Generalitat más dinero al Estado español -ese Estado
que según los separatistas es extranjero y opresor de Cataluña a la que ha
robado, según afirmaciones de los mismos-, exigiendo que les entreguen los más
de 2.300 millones de euros para pagar servicios públicos, cifra que corresponde
a Cataluña, provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica que queda pendiente
de repartir, lo que equivale a un 33% de un total de 7.000 millones de euros,
dinero que se presta a interés 0. Es decir, Cataluña que es una de las 17
Comunidades Autónomas españolas, recibe el 35% de un total que se tiene que
repartir entre las mencionadas CC.AA., y eso sucede desde 2012, año en el que
el Gobierno de Rajoy creo el mencionado Fondo de Liquidez Autonómica y el
Mecanismo de Pago a Proveedores, al mismo tiempo que los separatistas afirmaban
y afirman que "España les roba".
No hay que olvidar que Cataluña ha
recibido 37.487 millones de ambos fondos de rescate, lo que representa el 35%
de los 107.544 millones repartidos entre todas las Comunidades. La segunda
Comunidad Autonómica en ser beneficiada por dichos fondos es Valencia que ha
recibido 24.740 millones.
Ante todo esto y viendo la continua
exigencia por parte de la Generalitat ,en el mismo momento en el que está
intentando declarar unilateralmente la secesión de España, con una ignorancia
jurídica y democrática que apabulla a cualquier ciudadano con sentido común que
se pregunta si es más rentable saltarse las leyes de forma descaradas como hace
la Generalitat y su "hoja de ruta" hacia la independencia, apoyada
por los antisistema y "Catalunya Sí
que es Pot", y si ese chantaje continuo al Estado no está premiando,
precisamente a la Comunidad que está demostrando una absoluta deslealtad al
Estado y un continuo talante antidemocrático, perjudicando con este reparto desigual a las CC.AA. que sí
cumplen las leyes, respetan la Constitución y las reglas de la democracia. Lo
que, trasladado a la vida de cualquier ciudadano, le obliga a pensar a éste que
saltarse las leyes le puede resultar más beneficioso ante los continuos
ejemplos de gobernantes autonómicos que las burlan y sacan beneficio del
chantaje en el que consiste su continua exigencia de sus supuestos derechos cuando
niegan toda existencia de sus deberes y su fiel cumplimiento.
Ante esta situación esperpéntica que
pone de manifiesto que en la "hoja de ruta" separatista no entra el
sentido común, la coherencia, el respeto a la legalidad, la decencia
democrática ni siquiera el respeto a sus propios ciudadanos, Rajoy se ha
reservado el control de los pagos a Cataluña a costa de dicho fondo, en un momento de máxima
tensión entre el Estado y dicha Comunidad, aunque aseguran desde el Gobierno
que no dejará de financiar a Cataluña, porque ello crearía una crisis
financiera perjudicial para todo el país si Cataluña se declarara en suspensión
de pagos, lo que sería una nota negativa ante los mercados financieros que
operan en nuestro país. Sin embargo, sí se empieza a plantear que el reparto
del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) se haga de una forma más equitativa;
además de controlar desde el Gobierno
central el uso al que destina Cataluña dichas transferencias, sin dejarle
elegir su destino como hasta ahora estaba haciendo la Generalitat, al realizar una elección
arbitraria de las necesidades a cubrir y dejando, por ejemplo, sin pagar a las
farmacias a las que Mas les ha anunciado una suspensión de pagos de 330 millones de euros, después de haber
recibido 3.123 millones para que costeara el gasto farmacéutico. ¿Dónde se los
ha gastado la Generalitat: en las "embajadas catalanas", en las
televisiones autonómicas, en gastos de representación de los gerifaltes
autonómicos, o en financiar con ese dinero la campaña de separatismo y sedición
que llevan a cabo?
Ante esta esperpéntica situación se
pregunta cualquier ciudadano cómo es posible que quienes atentan contra la propia
Autonomía que dicen gobernar -aunque es más bien el desgobierno de un grupo de
sátrapas, que van contra los intereses de sus propios ciudadanos-, y cuyos
disparates están perjudicando a empresas, trabajadores y, por tanto, a familias
y ciudadanos catalanes, no sólo extraña que hayan llegado al poder, sino que se
mantengan en él cuando son los verdaderos enemigos de Cataluña, esa
extraordinaria Comunidad de gente sensata, trabajadora y respetable que se ven
ahora abocados a un Gobierno en el que los antisistema y los separatistas
intentan sacar tajada, llevando a Cataluña y a toda España a una fractura
social de daños irreversibles y, por ahora, incalculables.
Mientras los Servicios Jurídicos del
Estado preparan un recurso ante el Tribunal Constitucional ante el desafío
secesionista del Parlamento catalán que se arroga unos "poderes ilimitados"
por encima de la Ley, al querer ser el portavoz de una supuesta voluntad
popular de independentismo que no se corresponde, en absoluto, con la realidad;
pues el Parlamento catalán está queriendo
arrogarse la soberanía popular catalana, lo que es completamente falso, pues la
soberanía la posee el pueblo y no puede ninguna institución suplantar la misma
y ejercerla al margen de la voluntad de los propios ciudadanos y fuera del
ámbito de actuación para el que se le ha concedido. Todo ello, se pone en
evidencia al admitir a trámite la
propuesta de resolución por parte del Parlamento catalán de la declaración unilateral de independencia
presentada por los partidos que representan el separatismo, con burla flagrante
a la Constitución, al propio Estatuto de Cataluña y a la legalidad vigente, al
considerarse por ello el Parlamento catalán un organismo constituyente de una
nueva realidad política marcada por el intento de secesión del Estado español,
y no de mera representación ciudadana en el Parlamento catalán siempre dentro
del ordenamiento jurídico vigente, a través de los diversos diputados elegidos
por los votos ciudadanos para que los representen, pero nunca dándoles un poder
de subvertir las leyes ni de cambiar la naturaleza de la propia representación
que ostentan y que es ajena a dicha voluntad popular.
El Tribunal Constitucional parece
que va a dar respuesta a dicho recurso presentado por los Servicios Jurídicos
del Estado en las próximas horas, aunque ya ha anunciado la Generalitat que no
hará caso a la decisión del Alto Tribunal, en su acostumbrada actitud de
infringir y burlarcompletamente las
leyes.
Habría que preguntarse, si ante el
golpe de Estado de Tejero del 23-F que le supuso la cárcel, no es igualmente
gravísimo este nuevo golpe de Estado que propone Mas y sus socios secesionistas,
con el agravante de que, además, proviene de un mandatario público que debe
estar al servicio de la legalidad vigente en todo momento; pero está usando, sin embargo, su cota de
poder para conculcar las leyes, la Constitución y el propio Estatuto que tiene
el deber de obedecer y cumplir. Por ello, muchos españoles nos preguntamos por
qué no se toma la decisión de aplicarle la leyes penales a todos los implicados
en este acto de secesión que
protagonizan un acto flagrante y continuado de alta traición al Estado al que
representa Mas ante la Comunidad Autónoma de Cataluña; y en vez de seguir en
sus respectivos despachos no son juzgados y condenados como procede a su
actuación y a la gravedad de los actos cometidos hasta el momento -y que
seguirán cometiendo si las leyes y los Tribunales no los impiden y castigan sin
más dilación-, y siguen con el continuo chantaje, la ominosa provocación y el
desafío inaceptable de quienes pretenden burlar la legalidad vigente,
ridiculizar al Estado, y engañar a los propios ciudadanos que asisten,
asistimos, atónitos a que unos delincuentes sigan ostentando un poder que no
merecen y al que deshonran en un continuo y desvergonzado desafío que sólo
tiene como respuesta la que la ley penal otorga al Estado y a la sociedad para
su defensa.
Los delincuentes deben estar en la
cárcel -y no tener bula por el hecho de ser cargos políticos detrás de los que se
refugian-,, para que la sociedad no pierda más la fe en la Justicia, en la Ley y
en el propio Estado de Derecho en el que intentamos vivir en paz
democráticamente, sin que iluminados como Mas y adláteres conviertan la
convivencia democrática en un infierno al que quieren llevar a toda costa al
pueblo que tiene la desgracia de tener políticos de esa calaña en sus
instituciones, a las que terminan corrompiendo en esa huida hacia la nada de su
propio delirio separatista.