I.ESPAÑA “PROGRESISTA” Y SU FRACASO
I.ESPAÑA “PROGRESISTA” Y SU
FRACASO
Antes de hablar del p
rogresismo instalado en el actual
Gobierno, hay que hacer memoria para saber cuál es el origen de dicha ideología
en España.
El origen del progresismo proviene
de la Revolución Francesa, de 1789, cuando el pueblo francés derrocó la
monarquía absolutista y redactó la primera Declaración Universal de los
Derechos Humanos
. Más tarde, el término volvió
a ser usado en el siglo XIX y su Revolución Liberal para denominar a los defensores
del cambio social y de sus consiguientes modificaciones económicas y culturales,
en oposición a quienes defendían el regreso al Antiguo Régimen. Dicho término
de progresismo se vincula al de reformista.
Inicio del progresismo en España
El Partido Progresista fue,
desde su fundación, un partido político liberal progresista español, surgido en
el siglo XIX. Su origen se remonta a 1835 cuando la Regencia de Doña María
Cristina de Borbón, y fue creado por parte de los liberales que se dividían en
dos facciones: “moderados” o doceañistas, en referencia a la Constitución
liberal de 1812, conocida popularmente como “La Pepa”. “en contraposición a los
“exaltados” o veinteañistas. Pero su auge se produjo a partir de 1838, aunque
se inició en 1835.
Los partidos liberales tuvieron
su inicio durante el período del Trienio Liberal con el propósito de dirigir la
política nacional del siglo XIX y, desde el primer momento, se distinguieron
los partidarios de las dos corrientes anteriormente mencionadas. Entre los
moderados se pueden citar a personalidades como el Conde de Toreno, Martínez de
la Rosa, Pérez de Castro, Muñoz Torrero, Bardají y otros muchos de los hombres
que compusieron las Cortes de Cádiz en el año 1812.
A su vez, el nombre de
veinteañistas se le dio a los revolucionarios, tanto militares como civiles,
que habían conseguido, con su esfuerzo y liderazgo, el regreso del régimen
constitucional en el que participaron directamente el Propio Rego, Espoz
y Mina, el coronel Quiroga, Evaristo San Miguel, Istúriz, Moreno Guerra,
Calatrava, Romero Alpuente, Mendizábal, Flórez Estrada, entre otros, quienes
recibieron numerosos honores y distinciones, pero estuvieron ausentes de los
órganos de gobierno del poder constituido gracias al triunfo de la revolución
que ellos promovieron. Estos liberales “exaltados” defendían las reformas ya
iniciadas por el gobierno Presidido por Juan Álvarez Mendizábal.
Esta etapa política se destaca
por el protagonismo de la controversia política y sus diferentes escenarios
sociales de actuación y su plasmación organizativa., a lo que coadyuvaban todos
los principios y libertades constitucionales conseguidas. La inflexibilidad y
sus precauciones que manifestaba la constitución de 1812, respecto del Rey, sus
competencias y decisiones, obstaculizaron las relaciones entre los dos poderes
establecidos, como eran el ejecutivo y el legislativo. Especialmente, si se
considera que los diputados de 1820 que mantenían y aumentaban sus reticencias
y sospechas sobre el papel del Rey. Esto produjo que el Trienio Liberal (1820-1823)
permitiera los continuados abusos, en todos los aspectos, debidos a la
negligencia en perseguir a los culpables de ellos.
Esta actitud recuerda la que
mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez con los desmanes, despropósitos y
corrupción que se llevan a cabo y
aumentan sin cesar, sin que se les ponga límite a ellos y se castigue a los culpables.
Así como el continuo ataque a la Monarquía y al Rey que se considera un estorbo
del que hay que prescindir, según los “progresistas”, que están en el poder
desde 2018 hasta la actualidad, sin que el Gobierno haga nada para defender a
la Corona.
Y todos esos ataques desde el propio Parlamento,
aunque sus autores cobran de los Presupuestos Generales del Estado y han jurado
lealtad al Rey y a la Constitución., se realizan ante el estupor y la
indignación de los españoles que no admiten esta totalitaria ideología
“progresista” que está tratando de destruir a España desde el propio Estado, su
Constitución y la unidad de todos los españoles, además de querer destronar al
Rey Felipe VI.
Todo esto constituye un
“progresismo” de cartón piedra que destruye y no crea, desune y no une, arruina
y no enriquece, promete y no cumple, miente y no acepta la verdad, niega así y no
afirma el futuro de los españoles. Aunque hay que aceptar que los que sí han
progresado son los miembros del Gobierno, sus adláteres, socios, amigos y demás
beneficiados por el enchufismo, la prebenda y los nombramientos a dedo, tanto
en cargos públicos, como con las concesiones de diversas subvenciones, como se
ha puesto de manifiesto en el caso de Tito Berni.
Sigamos con la historia,
citando a los dos años que gobernó la Reina Isabel II, llamado el Bienio
Progresista (1854’1856), bajo la jefatura del Gobierno del general Espartero al
que sucedió el general Prim, lo que le permitió a este último convertirse en el
protagonista de la Revolución de 1868 que destronó a la Reina Isabel II y, a
partir de entonces, comenzó el Sexenio Democrático. En 1869 se integraron los
“cimbrios” (demócratas monárquicos que provenían del Partido Democrático que
había nacido de una escisión, en 1858, del Partido Progresista y se transformó
en el Partido Radical).
A causa del asesinato del
general Prim en diciembre de 1870, cuando reinaba Amadeo I, el partido Democrático
sufrió una escisión por parte de los moderados, comandados por Práxedes Mateo
Sagasta. A su vez, el Partido Radical eligió su jefe a Manuel Ruiz Zorrilla y
estuvo formado por los “cimbrios” (demócratas monárquicos) de Cristino Martos. Más
tarde, en 1873, la escisión moderada se unió a la Unión Liberal, del general unionista
Francisco Serrano, para formar el Partido Constitucional. cuyo líder fue dicho
general, con Práxedes Mateo Sagasta como número dos de dicho partido.
Una vez que se produjo la
abdicación de Amadeo I, en febrero de 1873, el Partido Radical apoyó la Primera
República Española, pero ganó pronto el protagonismo el Partido Republicano
Federal, aunque el Partido Constitucional participó en el golpe de Pavía, en enero
de 1874, que puso el punto final a la República Federal, haciendo posible la
república unitaria encabezada por el general Serrano y Cánovas como ministro en
los gobiernos que se sucedieron a partir de entonces.
En 1874 se produjo el pronunciamiento
del general Martínez Campos que fue la causa del final de régimen del general
Serrano y favoreció la Restauración borbónica en España en la figura de Alfonso
XII que llegó al trono en dicho año hasta 1885, año en el que falleció. A
partir de que Alfonso XII fue proclamado rey, el Partido Constitucional se
disolvió y Sagasta fundó el Partido liberal-fusionista que sería uno de los partidos
monárquicos de la etapa del régimen de Cánovas. Sin embargo, Ruíz Zorrilla, a
pesar de estar en el exilio, siguió sin descanso conspirando para intentar
derribar la monarquía de Alfonso XII y la vuelta de la República.
Con la disolución del Partido
Constitucional en 1874, se acaba el progresismo político en España en el siglo XIX
y regresa en la democracia, en pleno siglo XX, representado en el Partido
socialista Obrero Español.
Es el momento de hablar de la ideología
progresista como tal. A la pregunta de cuáles son los principios que rigen este
movimiento político se puede afirmar concisamente que el progresismo es una
ideología situada a la izquierda del espectro político o diagrama de Nolan. Pero
no es una ideología pura y exenta de otras ideologías, ya que
también en su espacio se hallan otras tendencias también progresistas como son la
socialdemocracia o el socialismo democrático. Aunque este diagrama permite una
clasificación más ajustada y completa de las diferentes ideologías políticas.
En dicho ideograma
izquierda/derecha, se sitúa la ideología progresista en el centro izquierda,
situándose en posiciones intermedias hasta el centro que, en una escala del 1
al 10, se situaría del 3 al 5. En el caso de la socialdemocracia, más cercana
al capitalismo, se situaría más al centro, pero si defendiera una mayor
intervención y nacionalización de los medios de producción, entonces estaría
situada más a la izquierda que al centro.
Por lo tanto, en dicho
diagrama en el que existen cuatro ubicaciones ideológicas en forma de rombo además
del centro político, el progresismo se coloca a la izquierda, por lo que tiene
una ideología democrática que ofrece una gran provisión de libertades
personales. En contraposición, ofrece
una escasa libertad económica. Por ello, defiende que el Estado intervenga en
la economía como un posible mecanismo de control y regulación para disminuir
las desigualdades económicas existentes.
Todas estas ideologías
consideran que finalidad es el progreso, pero cada una de ellas tiene un
concepto diferente de qué es y cómo conseguirlo.
La izquierda considera que su
paradigma político es la búsqueda de un avance hacia la igualdad económica y
social, así como la legalización de muchos derechos prohibidos o muy limitados
por otras ideologías políticas como son la derecha o el centro político. Como
ejemplo de dichos derechos negados o restringidos, se pueden citar la
legalización del aborto el reconocimiento del derecho a la eutanasia, el
derecho al reconocimiento de género, o la legalización del consumo de drogas,
entre otros.
Es decir, el posicionamiento
ideológico del progresismo se enfrenta en sus planteamientos al llamado conservadurismo,
que es a lo que llamamos derecha, por lo que son sus posiciones completamente
opuestas, ya que uno niega lo que el otro afirma. Un ejemplo es el
proteccionismo contra el libre comercio, el sector público contra el sector
privado, etc., como dos maneras opuestas de ver la realidad y resolver los
problemas.
Esta diferencia no significa
que en todo estén enfrentados el progresismo y el conservadurismo, porque hay
también muchos aspectos en los que coinciden como son la defensa de la democracia,
del territorio y de la justicia, en el sentido de la separación de poderes enunciado
por Montesquieu.
En este caso se manifiesta una
contradicción del progresismo que gobierna España desde 2018, En lo relacionado
a la defensa de la democracia se advierte una incongruencia en el Gobierno que
intenta acallar a periodistas críticos con su labor, lo que contradice el
derecho a la libre expresión, reconocido por la Constitución, y con la oferta
de nacionalización a extranjeros sin papeles para asegurar así el “voto
cautivo”, haciendo una burla a la propia democracia que se manifiesta en la
posibilidad que tienen los ciudadanos de elegir a quiénes quieren que les
gobiernen, pero que nunca puede ser el
voto mercenario comprado a cambio de algún
beneficio de personas nacionalizadas rápidamente con ese fin torticero.
En cuanto a la defensa del
territorio, por su apoyo manifiesto a los nacionalistas y separatistas vascos y
catalanes, principalmente , y en su dependencia del Gobierno de los mencionados
grupos políticos que quieren socavar la unidad del territorio nacional, a
través de concesiones indignas a los movimientos separatistas para asegurarse
su permanencia en el poder, es evidente la contradicción que ofrece esas
concesiones y la excesiva tolerancia con los separatistas y sus reivindicaciones
de autodeterminación que chocan frontalmente con la proclamada defensa del
territorio nacional y su unidad en un solo Estado que reconoce la Constitución
de 1978.
Además, el haber despenalizado
el delito de sedición, deja indefenso al Estado para poder actuar contra de los
grupos políticos que intenten una separación unilateral, creando así un marco
jurídico para el futuro, más o menos próximo, que facilite dichas acciones
contra la integridad territorial de España y puedan realizar dicha
autodeterminación sin posible respuesta por parte del Estado. No sólo vulnera
lo que dice la Constitución, sino que recibe el rechazo comunitario, porque contradice
a lo expuesto en la Orden europea de Detención y entrega que contiene un
catálogo de treinta y dos delitos, por lo que la entrega al Estado requirente
es automática. En esta relación de delitos se hace mención expresa al delito de
sedición que acaba de ser abolido en España y queda solo el delito de rebelión.
Otra incoherencia indiscutible
sobre la supuesta defensa de la justicia que hace el progresismo , es la
creación de Leyes sin los requisitos legales exigidos ni los informes preceptivos
de los correspondientes juristas especializados en cada rama jurídica, por lo que
vulneran los derechos de los ciudadanos que tanto dice defender, como ha sido la
reciente Ley conocida popularmente como la de “solo si es sí”, que ha
disminuido las penas de los agresores sexuales a más de 1.025 condenados por
dicho motivo y excarcelado a más de 105 agresores (datos del 3 de mayo del presente año). Toda una desprotección
de la mujer por parte de un Gobierno que se llama progresista y feminista, por
ende, pero resulta ser quien facilita la puesta en libertad y reducción de las
penas de los delincuentes sexuales con los peligros que ello conlleva para las
ya víctimas que tienen terror y para las futuras agredidas sexualmente que
puedan serlo por parte de estos delincuentes agraciados con las rebajas
penales. Una hazaña propia de una ministra sin formación ni conocimientos que
vayan más lejos de la licenciatura en Psicología. Todo un currículum para quien
hace sus pinitos de jurista versada en Derecho Penal e ignorancia arrogante y
soberbia. No se puede hacer más el ridículo y desproteger más a las mujeres por
quien dice ser una feminista a ultranza.
El progresismo ofrece,
teóricamente (la práctica lo contradice) una serie de características que
expresan los principios que defiende y proclama y sus objetivos que se resumen
en estos que siguen:
Economía mixta.
Generalmente esta ideología acepta que las empresas privadas y públicas
coexistan. Por lo que la producción económica depende, por una parte, del
capital e iniciativa privados y, por otra, del capital público.
Redistribución de la Renta. Para ello, el mercado distribuye
la renta como consecuencia de su funcionamiento. Después, es el Estado el que
tiene el deber de encargarse de hacer una redistribución, tratando de nivelar
las desigualdades creadas por el mercado.
Este fin se realiza a través de
cuatro criterios fundamentales: personal, territorial, funcional y sectorial.
Fundamentalmente, la redistribución se realiza a través del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas,
Igualdad. Este
el valor por excelencia de todas las políticas del Estado encaminadas a
conseguir la igualdad de la población, tanto en lo que se refiere al nivel
económico como social. Para ello, la libertad queda como un valor secundario
con respecto al de igualdad.
Sin embargo, desde la
perspectiva feminista, la igualdad que se busca es la de entre los dos sexos.
Aunque cuesta creer que las mujeres, en España y actualmente, tengan que estar
peleando por una igualdad conseguida hace muchos años y sin tanto bombo y platillo
como el que le están dando el feminismo extremo a esta supuesta lucha y fuera
de la realidad actual.
Las mujeres actualmente
podemos ejercer cualquier profesión u oficio, estudiar la carrera que elijamos,
sin cortapisas. La Universidad tiene más número de alumnas que de alumnos, pues
en España, con datos relativos al año 2020, era de un 54,1%, de mujeres, y el 45,9%
el de hombres graduados universitarios y. Los expedientes académicos femeninos
son más brillantes que los masculinos., esto no es una opinión sino lo
demuestran las estadísticas Y no hay que olvidar que En la Unión Europea el
número de graduados superiores entre las mujeres es superior al de los hombres,
exceptuando Alemania y Grecia. Alemania es el país europeo con menor número de
mujeres graduadas en estudios superiores y no es un país tercermundista,
precisamente,
Pero entendiendo la igualdad
en todos los ámbitos personales de cada ciudadano, para defender ese propósito igualitario
de todos los españoles, según el criterio progresista, se creó un Ministerio de
Igualdad en España, primero en abril de 2008 y, por segunda vez, en enero de
2020, con la llegada al poder de Pedro Sánchez y sus socios. Extraña la
creación de un Ministerio para fomentar la igualdad, cuando el Art 14 de la
constitución española afirma esa igualdad en los siguientes términos: “los
españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.
Ante este Artículo citado, cabe
preguntarse, teniendo como garante de la igualdad la propia Constitución, qué
falta hacia crear un Ministerio que, en sus disposiciones o Leyes propuestas y aprobadas,
no puede crear ningún otro mecanismo legal que pueda velar más y con más garantías
por la igualdad que el mencionado precepto constitucional. Se advierte esta
creación ministerial innecesaria como una fórmula de darle el puesto a una
mujer (no podría ser de otra manera) pareja de un miembro del Gobierno que,
además, es una feminista a ultranza. Todo ello lleva consigo la creación de Direcciones
Generales, Subdirecciones, y otros Organismos dependientes de dicho Ministerio,
con el consiguiente aumento del gasto público que tendremos que pagar la
mayoría de los españoles con la subida de Impuestos correspondientes, sin que
dicha creación ministerial haya tenido utilidad alguna ni aumentado el nivel de
la igualdad para los españoles, sino todo lo contrario, con respecto a las
mujeres, por la ya dicho anteriormente con respecto a la Ley ya citada y
conocida como la del Sólo es sí, si es sí, que lamentamos todos, sobre todo las
españolas, que solo consideramos al mencionado Ministerio de la Igualdad prescindible
e innecesario, pero costoso e ineficaz.
Este aumento del gasto es muy
poco progresista cuando del mismo no se consigue nada productivo para la
sociedad española y solo aumenta la deuda pública. Hay que tener en cuenta que
el progresismo es muy aficionado a aumentar el número de funcionarios, muchos
de ellos sin función alguna, pero sí con sueldo. Es fácil comprobar que es
cierto la afirmación que hago mas arriba, pues en 2023 hay en España 3.526.200 a
funcionarios o empleados públicos que se reparten entre el sector público
estatal, autonómico y municipal. Siendo el sector público autonómico el que
tiene mayor número de trabajadores, seguido por el sector estatal y, por último,
el sector municipal. Es decir, más de tres funcionarios autonómicos por cada
uno estatal. Las 17 Comunidades están
demostrando que son muy generosas en crear empleo público para bajar las listas
del desempleo de su respectiva Comunidad y convencer así a sus habitantes de
que son muy buenos administradores y crean riqueza en el territorio de su
competencia con la creación de los consiguientes puestos de trabajo que rebajan
la lista de desempleados y endeuda más al Estado y, por ende, a los españoles.
. El 17% de más 20.452.800 españoles
con ocupación laboral son 3.526.200 que son empleados públicos. El costo total de los funcionarios, con datos
de 2020, es de 140.400 millones de euros anuales que habrán aumentado
considerablemente hasta este año, Y toda esta astronómica cifra es a costa de
los Presupuestos Generales del Estado. Toda una forma clara y cínica de
simulación de una estabilidad laboral artificial y falsa, que costeamos todos
los que pagamos impuestos.
De ese objetivo igualitario proviene el esfuerzo
continuado de este Gobierno de acabar con la clase media, en un intento manifiesto de igualar económicamente por lo bajo a todos los ciudadanos, sin tener
en cuenta los méritos, capacidad y conocimientos, premiando así la mediocridad,
la falta de horizontes de muchos jóvenes y otros que no lo son tanto, ante el
rasero que no busca la excelencia en los estudios ni en el trabajo, y apuesta
porque nadie sobresalga, ya que todos tenemos que ser “iguales”, social,
económica e intelectualmente. Y hasta moralmente, ya que el único discurso
posible en esta sociedad igualitaria es el “políticamente correcto” y no solo
en el ámbito político, sino en el social, económico e ideológico. Debe de ser
por eso que se paga a un recién licenciado universitario menos que a una empleada
de hogar, aunque la diferencia de conocimientos y aptitudes está fuera de toda
duda.
También se iguala a lo bajo a
las familias numerosas (3 hijos o más), de las que hay 1,3 millones así
calificadas con respecto a las que no lo son, pues las ayudas económicas a
estas familias han quedado reducidas a 1.200 euros al año para cada familia
numerosa general y 2.400 para la especial. Es decir, 100 o 200 euros mensuales,
o desgravación de dichos importes en la Declaración de la Renta, según sea el
caso. ¿Es esto progresismo? O quizás, piensa el Gobierno que le sale igual
económicamente (por eso de la búsqueda de la igualdad) a una familia criar y educar
a tres o más hijos que a la que tienen uno o dos solamente. Es la negación de
toda igualdad, pues ésta solo puede existir cuando las soluciones a problemas
desiguales deben ser desiguales en la misma medida o proporción.
. Justicia social: Los llamados
progresistas entienden este concepto en cuanto la obligación del Estado de
proveer los servicios públicos necesarios y fomentar las iniciativas para
alcanzar esa justicia social buscada en todos los aspectos de la vida de los
ciudadanos. Siendo a los más importantes
ámbitos donde se busca la justicia social en la vivienda, educación,
justicia social, laicismo y democracia. Vamos a comentar todos y cada uno
de esos aspectos:
En cuanto a la vivienda
acaba de ofertar el Gobierno, con vistas a las elecciones, 50.000 viviendas
para alquiler social y asequible (suman ya 160.000 las ofertadas por este
Gobierno antes y ahora y todavía no se han visto hechas realidades y tardará en
llegar a hacerlo, porque no sabe de dónde las sacará), Algunas de esas
viviendas sociales proceden de los fondos buitres (Sareb) en condiciones
pésimas y en lugares no demandados. Pasarán años antes de que esas viviendas
prometidas sean una realidad, en todo o en parte, y mientras estén cerca las elecciones
como sucede ahora, el Gobierno queda muy bien de cara a la galería.
Por otra parte, el Gobierno
quiere aprobar un Decreto que legalice la ocupación, vulnerando así el derecho
a la propiedad privada que consagra la Constitución. Es decir, el problema de
la vivienda social, quiere traspasarlo, en una gran parte, a los particulares
que tienen dos o más pisos comprados y pagados con su trabajo, para que hagan
de oenegés improvisadas y obligatorias para que paguen las consecuencias con su
patrimonio, mientras el Gobierno se felicita por su política de la vivienda que
está dando casa a quienes no la tienen, a costa de quienes sí la tenían y
pierden su posesión por los okupas. Con el agravante de que muchos de estos
okupas lo son gracias a las mafias organizadas que les indican dónde, cómo y cuándo
pueden hacer la ocupación, previo pago de los okupas a los mafiosos por dicha
información y hasta le hacen un supuesto contrato de alquiler, falso a todas
luces.
El problema se está
desmadrando y ahora optan más por ocupar edificios completos y vacíos que
viviendas singulares. Todo esto con amenazas, agresiones, robos, insultos y
demás agravios por parte de los okupas hacia los vecinos y sin que la Policía
pueda intervenir si no es con una orden judicial. El promedio de duración de la
ocupación de una vivienda en España, hoy, es de unos 18 meses, en los que el
dueño legal no puede usar su vivienda y tiene que pagar los gastos de los
suministros de los okupas, ni tampoco les puede cambiar la cerradura si no
quiere ser denunciado por los okupas.
Esto parece increíble que
suceda en un país civilizado y “progresista” como es España. El problema es muy
grave para quienes lo sufren, o lo puedan sufrir en el futuro, aunque algunos
lo minimizan o niegan. En 2022 se produjeron 16.726 ocupaciones ilegales, con un
promedio de 46 diarias. Y como les deben parecer pocas las casas ocupadas, al Gobierno
progresista, éste ha anunciado que hará un Decreto legalizando la ocupación de
una vivienda que es propiedad de un ciudadano que paga sus impuestos y que se
ve indefenso ante esa usurpación ilegítima de su derecho de propiedad y
obligado, por si fuera poco, a pagarle los diversos suministros a los que han ocupado
su casa y vulneran la Ley y los derechos de los ciudadanos honrados. si no
quiere ser denunciado por los okupas. Es
decir, que un acto que es ilegal hasta la fecha se intenta legalizar para así
darle cobertura legal a una apropiación indebida de un bien ajeno y dejar sin
defensa alguna a los legítimos propietarios. Todo antes que facilitar la
desocupación de los delincuentes que se apropian de lo ajeno.
Esto está sucediendo en un
país con un Gobierno progresista que libera a condenados por abusos sexuales,
se rebaja las penas a los malversadores, se deja impune el delito de sedición
al eliminar el Art. 544 del Código Penal, se permite la corrupción como la del
caso del tito Berni, sin que se hayan producido ceses o dimisiones, se permite
de ocupación ilegítima de viviendas, delito al que quieren legalizar, etc., Estos
son los resultados de las políticas progresistas, por citar sólo a unos pocos.
Sigamos con el disparate
legislativo:
En los que se refiere a la educación
y a su fomento, hay que señalar que se han ido quitando, progresivamente en las
legislaturas progresistas, todas las asignaturas humanísticas del Bachillerato
y, dejando solo las científicas o consideradas “útiles”, y por otro, se ha
añadido la Educación Sexual Integral (ESI) que es mucho más importante, a
juicio de los progresistas, que estudiar Historia, Filosofía, Literatura, Historia
del Arte, Geografía, etc.
La educación sexual no es una
asignatura, sino un espacio en el que se desarrollan programas educativos sobre
los diferentes aspectos de la sexualidad: psicológicos, físicos, emocionales y
sociales. La enseñanza se inicia en la
educación primaria hasta finalizar la enseñanza secundaria. Pero a pesar de la poca definición del
programa de educación sexual, ya que no existe ninguna disposición legal que exponga
el programa o método para impartir estos conocimientos, y solo en Secundaria
los alumnos obtienen algunas nociones de sexualidad en la asignatura de
biología, se deja aplicarla a la carta, según el criterio de las diversas
Comunidades y/o de los centros educativos.
Desde la aprobación de la
llamada Ley del Aborto (Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción
del embarazo, la educación sexual, será obligatoria en todas las etapas de la
educación primaria y secundaria (desde los seis a los dieciséis años).
. Esta falta de enseñanza
reglada y al arbitrio de las Comunidades Autónomas y Centros Educativos, unida a
la curiosidad suscitada en los niños y adolescentes por el tema sexual (no hay
que olvidar que estamos en una sociedad hipersexualizada) se está fomentando el
consumo de pornografía en niños de todas las edades, a partir de los ocho años,
y menos aún, y adolescentes con el peligro indudable que ello conlleva. La
mayor parte del acceso a la pornografía por menores se realiza a través de
internet
Toda esta contradicción en ofertar una
formación sexual, por un lado, y en la ausencia de un rigor académico en su
puesta en práctica y adecuada a las edades, pone en evidencia que los
propósitos progresistas son muchos, pero la mayoría se queda en una mera intención
sin que se cristalicen en resultados.
Habría que definir cuáles son
los valores más importantes para transmitir a los menores que aún no han
llegado a la pubertad y no tienen todavía conciencia de la sexualidad. Este
nuevo enfoque de prioridad de la educación sexual, desarbolada y sin un
planteamiento definido, sino a la carta en cada colegio o Comunidad Autónoma,
ya ha sido puesto en evidencia de su peligro, por varias violaciones en grupo sufridas
y llevadas a cabo por menores también, sucesos que han salido en la prensa en los
últimos meses.
Esto se explica por la
expectación creada por la ESI, entre los niños y adolescentes, no correspondida
con una enseñanza reglada y sí dejada al arbitrio del gobierno autonómico o la
junta escolar, que ha creado una confusión entre los propios alumnos que oyen
hablar de algo que no se les explica con un enfoque académico y riguroso, sino
improvisado y caótico y, por ello, buscan la información que no les dan en los
colegios e Institutos en la pornografía,
lo cual es mucho más peligrosa que la ausencia de educación sexual o llevada a
cabo de forma no articulada por especialistas .
La educación sexual es muy
importante para los seres humanos, pero en la edad adecuada y no a partir de
los seis años. También es muy importante que conozcan la Historia, la Filosofía
y sus más importantes autores y escuelas, la Literatura, la Historia del Arte,
la Gramática que tanta falta hace a los estudiantes para no llegar a la
Universidad con terribles faltas de ortografía, según los profesores universitarios
ponen de manifiesto. Es decir, la educación debería ser íntegra en el aspecto humanístico
en todo estudiante, porque sí es importante saber resolver una ecuación,
también lo es saber escribir correctamente en el propio idioma, incluso antes de empezar a
estudiar otra lengua; conocer la Historia para saber cuáles son sus orígenes, aprender a pensar
con lógica a través de los más importantes filósofos de todas las épocas; conocer y leer
a los más grandes autores de la literatura Universal, y a los geniales artistas
y sus obras en la Historia del Arte. Así no seguirían saliendo de la Universidad
licenciados que sean analfabetos funcionales, por no saber escribir
correctamente, y tampoco tener más
conocimientos que los de las asignaturas obligatorias en su
respectivas carreras, con una ausencia total de afición a leer (excepto una
minoría que, por serlo, es poco ilustrativa) y con un desconocimiento
vergonzoso de la cultura humanística que ha heredado al nacer en un país como
España, a la que ignora por considerarla
innecesaria , gracias al sistema de enseñanza recibida, de acuerdo con los cánones
progresistas.
Sería conveniente que los
legisladores que crean los diversos programas de estudios leyeran a Nuccio
Ordine, filósofo italiano, estudioso del conocimiento como esencia de la comunicación. y Premio Princesa
de Asturias de Humanidades 2023, especialmente su ensayo La utilidad de la inútil,
publicado en España en 2013, en el que estudia muchas de las ideas sobre
los temas educativos que hoy se discuten en Europa. En dicha obra, Ordine
respondía a ese ethos de la supervivencia utilitarista de la
terrible crisis económica de 2008-2013 y reivindica el conocimiento como la
única manera de hacer digna la experiencia humana. Sobre todo, definió la controversia que existe
sobre la educación y demuestra que muchas de las ideas supuestamente
progresistas tienen un efecto totalmente contrario al deseado. Para este
filósofo, el abandono de las disciplinas clásicas lleva a una sociedad de consumidores
sumisos y resignados a una nueva proletarización, en la que el rasero de la
baja cultura es el nexo común de los ciudadanos que están indefensos ante los
abusos de poder y, pro ello, dóciles a seguir las directrices por un gobierno
progresista que solo hace progresar a sus adláteres, socios y camarillas.
Este concepto equivocado de
qué es la educación, es lo que ha propiciado las reformas continuas y progresistas
del sistema educativo que han tenido un resultado adverso a las pretensiones y han
venido a ser un absoluto fracaso y, de ahí, los continuos cambios de los
sistemas educativos.
Justicia social: Está basada en la igualdad de
oportunidades y en el respeto a los derechos humanos, pero con un concepto más
extenso y que va más allá de la justicia legal.
Otra Ley progresista es la Ley de la
Transexualidad, de 23 de febrero de 2023, que permite a los menores de edad el
derecho a la autodeterminación de género, así como se le reconoce los mismos
derechos que al resto de los ciudadanos a las personas LGTBI. Con esta Ley no se necesitarán informes médicos,
ni testigos ni pruebas para que una persona trans cambie la mención de su sexo
a partir de los catorce años si va acompañado de sus padres o tutor legal. De
tal forma que podrá solicitar la persona interesada el cambio de sexo en el
Registro Civil y ratificarlo, a los tres meses, ante dicho organismo.
Esta Ley está creando
problemas desde su aprobación, porque supone una discriminación hacia las
mujeres, como así han manifestado muchas feministas, y también tiene en contra
a todo el colectivo LGTBI porque no resuelve el problema de que las parejas de
homosexuales masculinos y femeninos puedan adoptar niños por el método de
la gestación subrogada, que es mayormente utilizado por las parejas homosexuales,
pues esta posibilidad sigue siendo
ilegal en España, tema este no resuelto por dicha Ley. En la práctica está
demostrando que está creando más problemas que los que soluciona y generando
nuevos debates sobre su eficacia y oportunidad, además de denuncias recientes
por los daños sufridos por algunos menores que se convencieron de que querían
cambiar de sexo y sus efectos ya son irreversibles.
Laicismo: El
logro de conseguir la laicidad del Estado, entendida como la separación y plena
autonomía del Estado frente a la Religión, fue un sueño durante siglos que se
hizo realidad cuando la Ilustración, en el siglo XVIII, fijó la conveniencia de
que ambos, Estado y Religión, se desligaran completamente. Kant estableció la
autonomía del canon ético y la Revolución Francesa intentó llevarla a la
práctica política.
Fue el liberalismo español
quien la hizo resurgir durante la República y la convirtió en su enseña. Sin
embargo, se llegó a confundir la laicidad con el anticlericalismo con los
terribles resultados que se pusieron de manifiesto en la II República. Este error
al confundir la laicidad con el anticlericalismo todavía sigue formando parte
de las herencias ideológicas de la izquierda española, de la que una gran parte
es reacia a aceptar la bondad de la laicidad sin separarla previamente de las
construcciones ideológicas de carácter pseudorreligioso. Sin embargo, estos primeros triunfos del
laicismo no fue una opción bien vista por todos los españoles, pues en el pleno
siglo XX vivimos el nacionalcatolicismo bajo el régimen de Franco y una gran
mayoría de españoles lo aceptaban gustosamente por ser afín a la tradición
católica española secular.
En los años sesenta del pasado
siglo XX, Roger Garaudy, manifestaba el carácter sustitutorio de la religión
que había adquirido el marxismo en Europa. Felipe González renunció al
marxismo, en 1979, demostrando así una evidente opción por la laicidad.
Después, Xavier Zubiri, (alumno de Ortega y Gasset) definió al hombre como un
ser religado. Para este pensador, la religión posee una dimensión sistémica del
ser humano como fundamento radical. Esta afirmación pone de manifiesto lo que
se observa en todas las culturas que es la pulsión de todo ser humano por
aceptar lo religioso como un elemento necesario para dar sentido a su
existencia
A pesar de todo lo expuesto y
aunque parece contradictorio, es en el seno de las ideologías progresistas
donde se advierte más claramente el fenómeno religioso en sus exposiciones y en
sus comportamientos. La izquierda utópica y milenarista es la que tiende a proveerse
de dogmas, creencias y emociones inalienables. El progresismo que se pretende
en medio mundo, actualmente, es una religión de sustitución que impide aplicar
la laicidad a la política. Precisamente es la izquierda progresista la que se
niega a aplicar la laicidad como principio coordinador de la política y, aunque
es anticlerical, respalda una religión de sustitución. La política española
actual nos demuestra, fehacientemente, que el progresismo pseudorreligioso está
patente entre nosotros, cuando se oye decir continuamente la palabra
“progresismo” en boca de Pedro Sánchez, convertida en una especie de mantra que
justifica toda su política y la de los diferentes partidos de izquierda que son
sus socios en el Gobierno. Este término “Progresismo” ha sustituido a los de
socialdemocracia o nacionalismo
El pensador nazi y creador del
decisionismo Carl Smitt, afirmaba que, en el tejido de todas las ideologías
políticas, se encontraban elementos de la teología como construcción ideológica
perfecta. Por eso en el progresismo, como toda religión, contiene todos los más
importantes elementos de una religión de sustitución. Y esto se observa en los
siguientes datos: Es una religión de futuro que se basa en una necesaria
redención del pasado; ofrece la salvación de los justos, o sea aquellos que
siguen las directrices y dogmas expuestos por quienes son los oficiantes de la
voluntad del Señor, No existe salvación alguna fuera del progresismo y aquellos
que son disidentes o incrédulos son calificados de fascistas o rechazados con
desprecio.
No hay que dudar de que Pedro
Sánchez es el que se ha autoproclamado como “Señor” o “Salvador “y es quien
determina qué es progresista y qué no lo es. independientemente de lo que
demuestre la realidad. Y, según esta doctrina,
lo que obstaculice la victoria del progresismo se debe a fuerzas ocultas que
son la causa de la pandemia, la carestía de las energías, la sequía, etc.,
La quiebra de la laicidad no
afecta solo a la Religión, sino que es la muerte de las democracias liberales.
El progresismo es la nueva religión que rechaza frontalmente la laicidad del
Estado y de la política. Pero, sobre todo, es una ideología del resentimiento
que busca la redención (y la venganza por la derrota sufrida en el siglo pasado
durante la Guerra Civil) con el giro absoluto del sistema de valores.
Democracia, El
progresismo defiende la democracia como forma de gobierno y la
existencia del pluralismo político. La
democracia se basa en los principios de participación, organización social,
solidaridad, respeto a la diversidad, igualdad y equidad.
Libertades personales como son
la legitimación y defensa del matrimonio homosexual, el cambio de género, la
eutanasia o la despenalización de las drogas, son algunas de los derechos y
libertados que defiende el progresismo.
En cuanto a la inmigración
tiene una actitud de permisividad y tolerancia que choca muchas veces con la
legalidad, como es el hecho de naturalizar español a los recién llegados que senes
descendientes de españoles, cuando a otros hispanoamericanos que llevan años
con permiso de trabajo y residencia en España tienen que reunir una serie de
requisitos, pasar un examen y superarlo para solicitar la nacionalidad española
Algunas de estas
características señaladas del progresismo no solo los ostenta dicha ideología, ya
que el liberalismo también comparte la defensa de las libertades personales, el
laicismo, o la inmigración, aunque no desde la tolerancia excesiva que tiene el
progresismo y que trae infinitos problemas como demuestra la realidad
continuamente por el efecto llamada y la que dijo Sánchez al principio de su
mandato “Sanidad universal” ·. El Decreto que dio cobertura legal a esta
afirmación fue El Real Decreto Ley ha /2018 que aprobó acabar la exclusión
sanitaria. A partir de entonces, Cada Comunidad ha sido la encargada de regular
el acceso a la asistencia sanitaria de forma tan diversa que la desigualdad y
la exclusión, que se intentaba suprimir, se han adueñado en gran parte del
territorio nacional. Una vez más, los propósitos progresistas consiguen un efecto
contrario al buscado.
Por ese motivo, la Seguridad
Social no puede atender adecuadamente ni a españoles ni a inmigrantes por la
saturación que desborda los Centros de Salud y Hospitales. Todo un gesto de imprevisión
de un gobierno progresista para asegurarse el “voto cautivo”, mientras el
pueblo español se encuentra cada vez más asfixiado de impuestos, con los
precios más caros, y más desatendido en su propio país que se ha convertido en el camarote
de los Hermanos Marx , del que se van a
tener que ir los españoles de origen para que puedan entrar y quedarse los
descendientes de esos españoles que llegan a parada y fonda con todos los
derechos que se les niega a los españoles.
Pero, sobre todo, es
escandaloso el hecho de los que están viniendo a España inmigrantes por el ofrecimiento
de la nacionalización exprés que le hace el Gobierno para conseguir, de cara a
las elecciones próximas, el voto agradecido de quienes eran extranjeros, hace
unos días, y ahora ya son españoles. Esa generosidad por parte del gobierno
progresista solamente lo recibirán en la nacionalización rápida y contraria a
Derecho. Después, cada nuevo español tendrá que buscarse la vida o ponerse en
la cola de los comedores y albergues sociales. La generosidad del progresismo
no llega nada más que hasta las elecciones.
Tendrían que opinar los extranjeros
aún no nacionalizados que tienen permiso de residencia y trabajo en España
desde hace años y aún no han conseguido la nacionalidad española, a pesar de
estar trabajando y pagando sus impuestos, alquileres. comidas, colegios y
suministros sin más ayuda que la que proviene de sus trabajos. Ya están
avisando a sus compatriotas que no hagan caso de ese llamamiento interesado del
Gobierno español, porque después de votar se encontrarán con dificultades que
el Estado no podrá resolver por falta de medios y de voluntad. El dinero está
para atender otras necesidades más urgentes que siempre, curiosamente, están en
los países latinos.
Para finalizar hay que tener en cuanto los
datos económicos de España para hacerse una pregunta al final de esta sucinta
relación final:
La Deuda pública
española es 1.520.005 de millones de
euros (datos del Banco de España de febrero de 2023). Lo que supone un aumento
del gasto de 30.208,11 millones con respecto al mes anterior.
. En 2017, cuando
estaban los populares en el Gobierno la, Deuda Pública española era 1.183.412 millones de euros., lo que significa que ha aumentado un 28,44% en los casi
seis años que han transcurrido y que se traduce en 336.593 millones de euros
más de endeudamiento del Estado español. Esto significa que cada español
debemos por la Deuda Pública 31.556 euros (datos de 2022).
Pero mientras la Deuda
Pública sube de forma exponencial. El PIB (Producto Interior Bruto) en 2017 fue
de 1.162.492 millones de euros. Mientras que en 2022 fue de 1.327.108 millones
de euros. Supone un aumento de 164.517
millones de euros en cinco años, a pesar de que la Deuda Pública aumenta 30.208,11
millones de euros en un solo mes. La diferencia numérica y proporcional es
evidente a todas luce Y. negativa en relación con el PIB. Se gasta más y pre
produce menos.
En cuanto al número de
trabajadores ya se ha mencionado anteriormente que son más de 20.452.800 las personas que tienen trabajo, frente a 3.127.999,97
de parados El porcentaje del paro es el 13,27%.
El futuro del
progresismo en España es el mismo que ha tenido en países del continente
americano. Y dicho futuro se cristalizará en el resultado de las próximas elecciones
por el voto de los españoles. Antes de votar cada ciudadano tendría que
preguntarse si España necesita al progresismo, o si es el progresismo el que necesita
a España como campo de experimentación, aunque el resultado sea el mismo de siempre:,
una crisis económica creciente, una Deuda Pública que aumenta sin cesar y a
velocidad peligrosa, por estar cada vez más
cerca de ser intervenida la economía española por la UE; y, como no puede ser de otra
manera, será un desastre como el que el progresismo ha dejado en todos los
países de Centroamérica y Sudamérica donde ha gobernado y de los que ha sido expulsado
sin miramientos., hartos de promesas incumplidas y de proyectos irrealizables.
Toda idea política de
este tipo siempre está llamada al fracaso, ya que sus metas, propósitos y medios
no se ajustan a la realidad, pero siguen empecinados en el error hasta que la
fuerza de los acontecimientos los obliga a abandonar el vano intento de cambiar
el mundo de acuerdos a sus utopías que demuestran, una y otra vez, que son
ineficaces, erróneas y fuera de la realidad. Pero cuando abandonan su
empecinado intento, el país que dejan está arruinado y su escala de valores
trastocada.
Esto último trae a la memoria
la anécdota de Stalin cuando le decían sus colaboradores que sus planes o proyectos
eran imposibles de llevarlos a cabo ya que no se ajustaban a la realidad.
Stalin respondía sin inmutarse: “Pues se cambia la realidad”.
Esto es lo que intenta
el progresismo: cambiar la realidad, pero como es imposible, en muchas ocasiones,
se fuerza la realidad, se la maquilla, se la disfraza y se la presenta en el
papel (no en el plano real porque es imposible hacer posible lo que no lo es
por las circunstancias que se dan en el supuesto concreto) pero completamente
irreconocible y falsa en todo o en parte.
Por ello, a la pregunta
si España necesita el progresismo, habría que responder un
rotundo no. porque este hermoso país repleto de contrastes, de historia, de
arte, de buena gente, no lo necesita, España necesita y merece algo mucho mejor,
más leal, más fiable, más realista, más respetuoso con nuestra cultura, con
nuestras tradiciones, con nuestras diferencias y con todo lo que nos hace ser
españoles y estar orgullosos de serlo.
A España no le hacen
falta los traidores al Rey, a la Constitución, al Estado de Derecho y a la Democracia,
que instauró la Carta Magna de q978. Todos
los que no estén de acuerdo e intenten cambiar la realidad española son lo que
sobran, los únicos que, de verdad, tienen que ser cambiados, expulsados, cesados,
destituidos y puestos a disposición de la Justicia.
Ahora los ciudadanos estamos
llamados a las urnas y tenemos que decir la verdad, con nuestros votos, sobre
lo que pensamos del fallido progreso que nos ha traído este Gobierno, ya que mentiras
hemos oídas muchas y todas llevan el marchamo “progresista”. Esta ideología que
ha fracasado en todos los países donde intentó cambiar la realidad para hacerla
acorde a sus ideas utópicas y a su ineficacia, las que, como era de esperar, los
llevó a la ruina.
Todo esto se puede
resumir en una frase falsamente atribuida a Mario Vargas Llosa que dirigía a
los socialistas y que el Premio Nobel de Literatura ha negado que les haya
enviado a dichos destinatarios. Sin embargo, define muy bien la situación política
y social de los países a los que se cita en dicha frase”: A todos los
socialistas les deseo; la abundancia de Venezuela, el salario de Cuba, la
justicia de China y la libertad de Corea del Norte”.
Pero esas son otras
historias, en lo que respecta a los países hermanos, de las que hablaremos en
la próxima actualización.
