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05 abril 2010

La normalidad de una España democrática.


atalán

por Ana Alejandre

La Semana Santa que ha dejado un reguero de muertos en la carretera, cerca de cuarenta, además de vacías las grandes ciudades españolas, trae pocas noticias impactante, como si la actualidad política también se tomara unas justas vacaciones, dejando los teletipos descansar de su incesante ajetreo anual y preparándose para el regreso a la normalidad (que siempre es bastante anormal y crispada en su cotidianidad política, económica y social) y al susto continuo de los ciudadanos cuando abren el periódico o ven y escuchan los noticiarios de televisión y radio.

Sin embargo, entre las noticias de esta semana aparece una que inquieta bastante al personal, ya de por sí en un estado continuo de alarma continuada. La noticia se refiere a advertencia sutil que el Gobierno le está dando al Tribunal Constitucional, para que su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, (tan esperado por otra parte) no sea emitida en los meses de campaña electoral en la Comunidad catalana, para que no pueda afectar al normal debate electoral.

El Gobierno lanzó ayer una sutil advertencia al Tribunal Constitucional (TC) para que no emita su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña durante los meses de campaña electoral en esa Comunidad, septiembre y octubre, porque interferiría en el debate, a lo que añadió Mª Teresa Fernández de la Vega que la no injerencia en el calendario electoral ha sido siempre una práctica consuetudinaria de todo tribunal, por lo que recordaba que, por ello, no había que solicitar del Alto Tribunal por ser una costumbre respetada en la práctica judicial, aunque indicó que espera un fallo “pronto”.

Parece ser que la fecha de la citada Sentencia puede ser en la segunda semana de abril y podría declarar inconstitucional una veintena de artículos, entre ellos varios especialmente importantes y relacionados con aspectos fundamentales del Estatuto. Algunas lagunas podrían ser resueltas por la vía de la interpretación.

Esto supondría un problema para el PSC y para el mismo Gobierno, ya que la Sentencia aludida puede afectar y recortar competencias y anulación o modificaciones sustanciales de algunas de las treinta y dos leyes aprobadas bajo el amparo estatutario catalán desde 2006.

Naturalmente, esta cuestión podría excitar el ánimo de los nacionalistas más aún de lo que ya vaticinan las encuestas realizadas hasta la fecha, y que pronostican unos pésimos resultados para el PSC.

Ese motivo es el que impulsa a los socialistas a desear que la esperada Sentencia sea emitida antes de las vacaciones veraniegas, siempre que sea lo más distante posible de la fecha electoral o, si no esto no es posible, hasta después de haberse celebrado las elecciones.

Se nota el nerviosismo que ha empezado a experimentar algún sector de la política catalana, por lo que han empezado a pedir que se adelanten las elecciones a mayo o junio, para evitar la catástrofe en los votos que puedan derivarse de la Sentencia si se emite poco antes de las mismas. Montilla, por su parte no dice nada al respecto, aunque haya dado a entender de que él ya está en campaña electoral, lo que ha hecho al anunciar la elección de Jaume Collboni como nuevo director de campaña, en un anuncio tan anticipado que parece el pistoletazo de salida de la carrera electoral.

El gobierno afirma que no se va a pronunciar sobre esta cuestión para que la escasa mayoría a favor de la sentencia pueda quebrarse como ha sucedido en otros momentos del pasado.

La vicepresidenta añadió que el texto del Estatuto es legítimo democráticamente por haber sido aprobado por las Cortes y debe ser aplicado por todos los poderes del Estado con toda normalidad.

Naturalmente, la normalidad a la que alude dicha señora es la que entienden los socialistas; es decir, aquella en la que los españoles nos encontramos sumergidos desde 2004, una normalidad democrática en la que es más importante el respeto a las creencias de las minorías de otras culturas, que a la tradicional e histórica del pueblo español en su conjunto; una normalidad en la que es prioritario intentar resucitar la memoria histórica, pero sólo la de un bando, después de que la democracia enterrara legítimamente, y por Ley consensuada, los recuerdos del desastre que asoló a España a partir de 1936. Igual normalidad que supone que haya más de 4.500.00 parados (más otros 500.000 que, según los expertos no están censados). Esa misma normalidad que nos lleva a considerar a Cataluña y al País Vasco territorios extranjeros que tienen el derecho legítimo a lograr su plena independencia, olvidando que la descentralización política de España es la mayor y con diferencia de toda Europa. Y, por supuesto, la normalización lingüística en Cataluña que prohíbe hablar el castellano en escuelas, rotular comercios en dicho idioma oficial en todo el territorio español, es también una muestra de la “normalización” de la vida política española tal como la entiende el PSOE y sus adláteres.

Una normalidad así entendida es la que nos ha llevado a este pozo del que nos va a ser difícil salir por culpa del criterio de normalidad y de adecuación a la misma que tiene el Gobierno socialista y quienes le apoyan.

Si el Estatuto catalán fueran legitimado por la Sentencia del Alto Tribunal, sería cuestión de ir pensando cambiar de latitudes para evitar perecer en la normalidad anormal en la que estamos viviendo, en pos de un criterio anormal que se quiere imponer a la sensatez, el sentido común, el respeto histórico a la lengua y la cultura que nos han hecho ser lo que somos y que es, precisamente, lo que nos quieren hacer olvidar los padres de la memoria histórica, porque lo que, en verdad, intentan es que todos nos quedemos para siempre desmemoriados, sin norte y sin rumbo como toda nación que olvida su historia y por eso puede caer en el error de repetirla.