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14 mayo 2006

Con B, de burros





El periódico “La Razón”, en su edición del 12 de mayo de 2006, publica la noticia cuyo resumen se expone:

La audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de hoy a Noelia de Mingo, la médico residente que mató a tres personas e hirió a siete en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en 2003, bajo un supuesto estado de enajenación mental.

En el juicio que tiene previsto celebrarse en ocho sesiones, el fiscal reclama 76 años y 11 meses de prisión y, alternativamente, internamiento en un centro cerrado por el mismo tiempo para De Mingo, a la que también solicita por responsabilidad civil que indemnice a los familiares de los fallecidos y a los heridos con más de 757.892 euros, aunque el Ministerio Fiscal señala que el responsable civil subsidiario es la Clinica de la Concepción (Fundación Jiménez Díaz) y la aseguradora Mapfre, en virtud y dentro del seguro concertado. El fiscal estima que la acusada, que «padecía de esquizofrenia tipo paranoide con delirios de persecución que afectaba a todo tipo de relaciones sociales y laborales y limitaba parcialmente su capacidad volitiva e intelectual», es culpable de tres delitos de asesinatos, cuatro delitos de tentativa de asesinato, dos delitos de lesiones y una falta de lesiones con la eximente incompleta de enajenación mental y la agravante de alevosía.

Los hechos acaecieron, el día 3 de abril de 2003, en el Hospital de la Fundación Jiménez Díaz, alrededor de las 14:20 horas, cuando la doctora De Mingo mató a puñaladas a la médico Leilah El Ouamaari, a la paciente Jacinta Gómez y a Félix Vallés -quien estaba en la clínica visitando a su mujer-, e hirió a otras siete personas cuando, según explica el fiscal, Noelia de Mingo se encontraba en su lugar de trabajo, situado en la sala de control 43 de la tercera planta.

Comentario sobre la noticia:

Desgraciadamente, éste es uno de los muchos casos en los que los hechos dan razón a las advertencias que sobre un peligro real reciben las instituciones, empresas, organismos oficiales y cualquier entidad donde un colectivo de personas trabajan, residen, asisten o se reúnen de una manera habitual.

En el caso en cuestión los médicos residentes, enfermeras y demás trabajadores de la Fundación Jiménez Días, habían advertido a la dirección hospitalaria de que el estado de salud de la doctora inculpada no era el adecuado y ofrecía síntomas de un deterioro mental preocupante, con indicios evidentes de que podía ser peligrosa para los demás y para sí misma. No hicieron caso los responsables correspondientes por considerar que el peligro no era tal, porque no habían antecedentes sobre la misma doctora que hiciera pensar en un desenlace trágico como el que hubo. Sin embargo, es sorprendente que consideraran apta para realizar sus funciones de médico a una persona que mostraba signos de enajenación como era escribir con el ordenador apagado, reírse a carcajadas estando a solas, recetar a los pacientes que le eran encomendados, sin haber hecho primero las pruebas médicas pertinentes, o vigilar detrás de las puertas a sus propios compañeros de trabajo. Todas estas evidencias parecían ser “normales” para quien tienen que velar por la salud y la integridad de los enfermos residentes y del personal de dicho centro.

Naturalmente, la culpa en un caso así de enajenación mental supuesta, pero evidente, no recae sobre el enfermo mental que comete la acción homicida, y que es una víctima más de su propia enajenación, sino sobre quienes, pudiendo haber evitado tal horrible suceso, cesando en sus funciones a la agresora con anterioridad a los hechos y puesto a tratamiento bajo supervisión constante y vigilada en una institución adecuada, previo permiso judicial correspondiente, no lo hicieron porque pensaban que el peligro no eran tal y que, en el fondo, eran exageraciones de los denunciantes de tales hechos.

Es demasiado frecuente en España que sucedan hechos similares y trágicos como éste porque parece que estamos en un país en el que siempre las decisiones son “a posteriori” cuando ya hay víctimas de unos determinados peligros que son advertidos y denunciados durante mucho tiempo antes; pero que quienes tienen la función de velar por la seguridad y la integridad de quienes entran dentro de su ámbito de competencias, parecen querer obviar por el simple hecho de ignorar dicho riesgo que, por supuesto, nunca afecta a los culpables de las negligencias en sus funciones, o falta de atención a los avisos de la existencia de esos determinados peligros, radiquen estos en actitudes personales, en mala conservación o funcionamiento de maquinarias o artilugios, o en nulas o inexistentes medidas de seguridad o advertencia.

Siempre son las víctimas, muertos o heridos, los que con sus fallecimientos o lesiones terminan por demostrar que tales peligros eran reales y que tenían que haber sido evitados por quienes deben velar por la seguridad de quienes, por una relación de trabajo o asiduidad en sus visitas o estancias en dichas instalaciones, son los destinatarios finales de unos peligros que, antes o después, terminan cobrándose su fatal tributo.

Sin embargo y a pesar de lo sucedido en este caso y en otros muchos anteriores y posteriores, seguirán ocurriendo tragedias similares porque el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra; pero en España, tierra de Quijotes y Sanchos Panza, los jumentos se apartan de la siguiente piedra en la que pueden tropezar pero los que cabalgan sobre ellos son los que, de cabeza y sin remisión, terminan cayendo en el mismo precipicio de siempre, demostrando así que ellos/nosotros, sí que son/somos, verdaderamente, burros.


Ana Alejandre